Centros de hoy con normas de hace 12 años

EDUCACIÓN - ACTUALIDAD 10

Centros de hoy con normas de hace 12 años

La reforma del funcionamiento de colegios e institutos que ha propuesto la Consejería ha abierto un nuevo frente en la comunidad educativa, en el que los docentes priorizan los medios humanos para paliar el fracaso y la conflictividad

Laura Pérez

l.perez@lacalledecordoba.com


La realidad social que hay en los colegios e institutos de Andalucía y el marco legislativo del sistema educativo han cambiado de forma radical en la última década y a día de hoy, pese a las inversiones públicas y los programas educativos que se han puesto en marcha, nuestros alumnos están obteniendo resultados cada vez más bajos. El fracaso escolar, la conflictividad y los problemas de convivencia han ido asentándose en las aulas de todos los centros y, como reflejan estudios como el informe PISA o las cifras de la OCEDE, es más que evidente que éstos necesitan contar con las herramientas de gestión y los recursos que les permitan cambiar esta dinámica.

Sin embargo, lo cierto es que en Andalucía tanto los colegios como los institutos continúan teniendo los reglamentos de funcionamiento que se aprobaron en 1997. Una fecha en la que la Ley Orgánica de Educación y la Ley Andaluza de Educación, vigentes en este momento, no existían, y en la que además, el clima de convivencia en los centros, las enseñanzas e incluso la relación entre los profesores y los alumnos eran totalmente distintos a los de ahora.

Ante la necesidad de cambio, la Consejería de Educación abrió un debate en la comunidad escolar para que profesores, padres, personal no docente e incluso alumnos dieran sus propuestas de cara a modificar los Reglamentos Orgánicos de los centros de Primaria y Secundaria en Andalucía, y ahora, en noviembre, verán la luz los primeros borradores de estas normativas.

Pese a las diferencias, los docentes y las familias esperan que los nuevos reglamentos permitan a los colegios e institutos contar con el modelo de gestión y la nueva concepción pedagógica que necesitan para avanzar hacia la calidad del sistema educativo. Sin embargo, al mismo tiempo presagian que a la Consejería se le va a hacer muy difícil conseguir unos reglamentos que contenten a toda la comunidad educativa y sus propios intereses.

La presidenta del sector de enseñanza de CSI-CSIF, Elena García, lo tiene claro y sea cual sea el contenido de los nuevos reglamentos de funcionamiento de los centros, lo que hace falta es que éstos garanticen los recursos humanos y la financiación que necesitan los centros para ofrecer un sistema de calidad pues, “la falta de medios y las restrinciones nos han impedido hacer muchas cosas”, asegura.

Efectos de tener normas obsoletas

Efectivamente, a lo largo de estos años tanto las fórmulas de gestión como el progresivo aumento de programas educativos complementarios impulsados por las administraciones, han provocado entre otras cosas un aumento desproporcionado de las tareas burocráticas que tienen que sacar adelante los docentes. Y al tiempo, en lugar de mejorar paulatinamente los resultados, las consecuencias han sido un crecimiento de las tasas de fracaso escolar.

En este contexto, en contraposición a la reclamación docente de alcanzar una enseñanza más personalizada y especializada, las aulas han ido masificandose de alumnos curso tras curso y con ello, las posiblidades pedagógicas de los profesores cada vez se han reducido más.

Al mismo tiempo, la conflictividad en las aulas ha crecido y ni tan siquiera con los planes para rebajar la violencia escolar, los colegios ni los institutos han contando con el personal suficiente ni las herramientas para atajarla. Como ejemplo, García pone el hecho de que sólo los centros más problemáticos pueden disfrutar de la figura del educador social permanente pues de hecho, la Consejería apenas había puesto a disposición de las provincia 34 de estos profesionales. El resto de centros con suerte, cuenta con uno de forma eventual y en ocasiones, gracias a la intervención de colectivos sociales.

La necesidades están claras

Para ofrecer una solución a estas carencias, la Consejería de Educación tiene intención de dotar a los centros de mayor autonomía, aunque para los docentes las mejoras deben ir más allá.

En primer lugar lo que es más inmediato en pro de dar calidad al sistema educativo, según el secretario provincial de CCOO enseñanza, Javier Delmás, es que los profesores recuperen más de la labor docente que les compete y que sea personal administrativo en plantilla quien realice esas tareas que los sobrecargan. Así, y junto a una mayor capacidad para reorganizar las plantillas en los centros, añade, los profesores podrán dedicar más tiempo a su verdadera función y entre ellas al hecho de “ampliar las horas de tutorías tan importantes en la intervención con los alumnos que empiezan a tener rasgos de fracaso escolar”.

La masificación de las aulas es otro de los inconvenientes que, según los docentes, está restando calidad al sistema. Por ello, Elena García apunta la necesidad de que además, los centros puedan disponer de personal suficiente para establecer desdobles de grupos y sobre todo, profesores y maestros que hagan posible el refuerzo educativo tan importante contra el fracaso escolar. Sin embargo, lo cierto es que en este momento y durante los últimos años, los colegios se las ven y se las desean para contar con personal que cubra las bajas de los docentes y esto les ha llevado a perder figuras y acciones con los alumnos tan necesarias como el profesor de apoyo.

Reorganización interna

Otra de las intenciones de la Consejería, en cuanto a la organización de los centros, pasa por reducir el número de departamentos de Secundaria. “Podrán agruparse en las áreas de conocimiento científico tecnológica, social lingüística y artística”, cita el texto, lo que supondría dejar una quincena de materias, dirigidas hasta ahora por especialistas en manos de tres jefes de Departamento.

En este sentido, García denuncia que la especialización es necesaria para mejorar los resultados académicos y con esta reducción de departamentos, sólo se contribuirá a acabar con la escasa especialización que existe hoy. “Ya servimos para un roto y un descosido, en Secundaria la Consejería está abusando y tira de cualquier sitio cuando tiene que cubrir bajas sin importar la especialidad de los profesores”. De hecho, como ha podido saber El Semanario este año ya se ha agotado la bolsa de interinos perteneciente a la especialidad de Matemáticas y en Córdoba, la Delegación de Educación está tirando de la bolsa de Física y Química para cubrir las bajas de los profesores en los institutos de la provincia.

Además, aunque desde CSI-CSIF apuntan al hecho de que los reglamentos permitan a los centros potenciar los departamentos de orientación y el profesorado de compensatoria como vía para mejorar el clima de convivencia, consideran fundamental que además den a los claustros de profesores no sólo autoridad sino capacidad sancionadora directa contra los alumnos conflictivos. “Las medidas para mejorar la convivencia están bien pero al igual que en el resto de las iniciativas hay que analizar si realmente están contribuyendo a acabar con el mal clima de los centros y el fracaso escolar”, insiste Elena García.

Aunque es cierto que los antiguos reglamentos de los centros han frenado el desarrollo de la comunidad educativa de cara a aplicar la nueva legislación, es evidente que como insiste García, la falta de personal y de financiación que sufren los colegios e institutos ha sido el principal lastre. “Eso es lo que en primer lugar tendrá que asegurar la Consejería”, añade.



Las familias quieren más poder de decisión

La principal exigencia que las familias tienen de cara a la negociación de los nuevos Reglamentos Orgánicos de Centros (ROC) es que éstos aumenten su presencia y la capacidad de decisión que los padres y madres tienen dentro de los consejos escolares de los colegios e institutos. El presidente de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres, Francisco Mora, explica que hasta ahora las familias han estado en minoría dentro de estos órganos escolares y “prácticamente nos vemos obligados a asumir las decisiones que toman los docentes en los claustros”. De hecho, más allá de que los reglamentos amplíen las vías de participación que los actuales ofrecen a las familias lo que éstas reclaman es que la Consejería de Educación garantice que los centros estén abiertos a su intervención y que los equipos directivos apliquen las normativas que ya hay vigentes para ello. No obstante, Mora considera indispensable que además, Educación dispense medidas de información y formación a las familias para que aquellos que no conocen cuáles son las formas de intervención puedan emplearlas en pro de la educación de sus hijos.


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