SOCIAL ACTUALIDAD 10
Las agresiones y amenazas de muerte de niños a sus padres llenan ya el 15 por ciento de los asuntos del Juzgado de Menores. Un problema en aumento que psicólogos y jueces achacan a la falta de autoridad y formación en valores
Laura Pérez
l.perez@lacalledecordoba.com
Desde que cumplió los catorce años el referido menor comenzó a presentar una actitud desafiante y agresiva con sus padres, mostrando hacia ellos un comportamiento ofensivo, caracterizado por hablarles a voces, de forma grosera y con continuos insultos, amenazas y reproches”. De esta forma tan explícita y tan dura al mismo tiempo, explica una sentencia judicial cómo empezó la historia de un niño que maltrataba a sus padres y que, tras pasar por el juzgado, acabó en un grupo de convivencia cumpliendo una medida de libertad vigilada y alejado de su familia durante más de un año y medio.
En el juzgado de Menores de Córdoba es cada vez más habitual escuchar relatos como estos, en los que una madre cuenta como su hijo “le golpea con patadas y puñetazos” cada vez que ésta se niega a darle dinero. De hecho, los asuntos relacionados con violencia familiar suponen ya alrededor del 15 por ciento de la carga total que llega allí, “un porcentaje demasiado elevado y que crece a un ritmo muy preocupante”, tal y como asegura el titular de este órgano, Luis Rabasa. Tanto es así que últimamente, es muy normal que el juzgado reciba entre ocho y diez medidas cautelares con menores en un solo día y que todas sean referidas a agresiones físicas o psicológicas de hijos a sus padres.
Este incremento de la violencia familiar ejercida por niños ya empezó a notarse el año pasado en los asuntos que llegaron a la Fiscalía de Menores de Córdoba. En 2008 se incoaron 190 diligencias por delitos de maltrato cometidos por menores en el ámbito familiar frente a los 170 del año anterior, de los que 75 derivaron en expedientes de reforma, diez más que los registrados en 2007.
En los episodios violentos que recoge la mayor parte de sentencias judiciales de este tipo y a las que ha tenido acceso este semanario, se reproducen muchas escenas en común. Por lo general, como explica Rabasa, el agresor suele ser un menor de entre 14 y 16 años, procedente de una familia normalizada, de clase media o acomodada, que la emprende con la víctima más débil de casa, su madre.
Las amenazas de muerte y las agresiones verbales del tipo “te tengo que matar, hija de puta, me tienes harto”, que los menores suelen descargar sobre sus progenitoras son sólo la punta de un maltrato que alcanza las más crueles y violentas agresiones físicas. De hecho, como asegura el juez de menores, ni los insultos, ni los robos, ni la preocupación porque sus hijos han dejado de asistir a clase o están consumiendo drogas, son motivo suficiente para que los padres reaccionen y acudan al juzgado. Por lo general, cuando lo hacen ya han sentido los golpes, los empujones y las patadas y realmente tienen miedo a que con la próxima paliza lleguen a cumplir sus amenazas de muerte.
“Me hizo pensar en el suicidio”
La actitud de superioridad que tienen los niños hacia sus padres, creyendo que éstos tienen la obligación de darles todo lo que ellos quieren como si de pequeños dictadores se tratara es otro de los rasgos que se dejan ver en las sentencias judiciales contra menores. Las frases del tipo “me da todo igual, esta es mi casa” y “no eres nadie para decirme lo que tengo que hacer” se repiten en todas ellas. De hecho, como destaca la psicóloga y educadora, Beatriz Perea, quien durante varios años ha ejercido en un grupo de convivencia a dónde los jueces envían a los menores maltratadores como medida judicial, asegura que para estos niños “no existen límites ni normas y están convencidos de que se lo merecen todo porque sí”.
Precisamente éste ha sido el comportamiento que María Ángeles L. ha soportado de su hijo durante los cinco últimos años. Apenas tenía 13 y cada vez que su madre se negaba a darle dinero o le prohibía salir, comenzaba el show. “Me gritaba, estrellaba contra la pared todo lo que tenía a mano y acabó robándome lo poco que tenía de oro para venderlo”, recuerda María Ángeles.
Lo peor llegó a los quince años, el día que empezaron los golpes. “Me pidió para unas zapatillas, me negué y sin decir nada me tiró el mando de la televisión a la cabeza y empezó a darme patadas mientras yo me encogía en el sofá”, asegura.
Tras eso, las agresiones se volvieron mucho más habituales y aunque María Ángeles nunca supo cuando perdió la ocasión de poner límites a su hijo, sí que recuerda que fueron varias las veces en las que la angustia incluso la llevó a pensar en quitarse la vida. “La amargura de ver que era mi propio hijo quien me pegaba me hizo pensar en el suicidio. No lo reconocía”, asegura.
El freno puede llegar a tiempo
Ni profesionales judiciales ni psicólogos son capaces aún de marcar con exactitud cuál es el momento o la actitud que convierte a un niño en el maltratador de sus padres. Sin embargo, sí tienen claro que, como afirma Luis Rabasa, existe un instante, “el de la primera salida de todo o falta de respeto, en el que los padres deben imponer su autoridad y marcar unos límites a su hijo”.
En este sentido, la psicóloga Beatriz Perea descarga a los padres del sentido de culpabilidad que suelen sentir al asegurar que el problema que tienen los niños de hoy en día que desarrollan conductas violentas viene marcado por la relajación en la formación en valores y principios de la que se está pecando tanto en el ámbito educativo como familiar. “Ahora esa permisividad y comprensión hacia los menores se vuelve en contra nuestra, y lo que es peor, en contra de ellos mismos”.
La solución, asegura Rabasa, debe empezar en la familia pero eso sí, “con el apoyo de las instituciones sociales y educativas desde el momento en que empiecen a aparecer comportamientos violentos. Y eso, junto con el rechazo de muchos padres a pedir ayuda, de momento, no está funcionando del todo bien”.
Libertad vigilada en grupos de convivencia es la medida usual
Por lo general, las sentencias referentes a violencia familiar de hijos a sus padres que se resuelven en el juzgado de menores de Córdoba son de conformidad. La medida más común que se le impone al niño es la libertad vigilada en convivencia con un grupo educativo durante un mínimo de nueve meses y un máximo de un año y medio. Aunque esta medida es de régimen abierto, se asemeja bastante al internamiento en un centro pues el niño tiene que acatar unas normas y estar alejado de su familia mientras que los educadores trabajan para que abandone su conducta violenta y pueda volver a casa. Sólo cuando la relación entre padres e hijo no está del todo deteriorada, el juez opta porque dicha intervención se haga en el propio domicilio y en algunas, añade Rabasa, aconseja una intervención también con las familias.
Las escasas sentencias en las que los menores maltratadores salen absueltos, como explica el juez, se debe a que los padres, cuando llegan al juzgado se derrumban, no declaran en contra de sus hijos y éstos niegan los hechos. Entonces, “nos dejan sin herramientas para intervenir”.
Fuente: 2000-2009 © Copyright El Semanario la Calle de CÓRDOBA
Laura Pérez
l.perez@lacalledecordoba.com
Desde que cumplió los catorce años el referido menor comenzó a presentar una actitud desafiante y agresiva con sus padres, mostrando hacia ellos un comportamiento ofensivo, caracterizado por hablarles a voces, de forma grosera y con continuos insultos, amenazas y reproches”. De esta forma tan explícita y tan dura al mismo tiempo, explica una sentencia judicial cómo empezó la historia de un niño que maltrataba a sus padres y que, tras pasar por el juzgado, acabó en un grupo de convivencia cumpliendo una medida de libertad vigilada y alejado de su familia durante más de un año y medio.
En el juzgado de Menores de Córdoba es cada vez más habitual escuchar relatos como estos, en los que una madre cuenta como su hijo “le golpea con patadas y puñetazos” cada vez que ésta se niega a darle dinero. De hecho, los asuntos relacionados con violencia familiar suponen ya alrededor del 15 por ciento de la carga total que llega allí, “un porcentaje demasiado elevado y que crece a un ritmo muy preocupante”, tal y como asegura el titular de este órgano, Luis Rabasa. Tanto es así que últimamente, es muy normal que el juzgado reciba entre ocho y diez medidas cautelares con menores en un solo día y que todas sean referidas a agresiones físicas o psicológicas de hijos a sus padres.
Este incremento de la violencia familiar ejercida por niños ya empezó a notarse el año pasado en los asuntos que llegaron a la Fiscalía de Menores de Córdoba. En 2008 se incoaron 190 diligencias por delitos de maltrato cometidos por menores en el ámbito familiar frente a los 170 del año anterior, de los que 75 derivaron en expedientes de reforma, diez más que los registrados en 2007.
En los episodios violentos que recoge la mayor parte de sentencias judiciales de este tipo y a las que ha tenido acceso este semanario, se reproducen muchas escenas en común. Por lo general, como explica Rabasa, el agresor suele ser un menor de entre 14 y 16 años, procedente de una familia normalizada, de clase media o acomodada, que la emprende con la víctima más débil de casa, su madre.
Las amenazas de muerte y las agresiones verbales del tipo “te tengo que matar, hija de puta, me tienes harto”, que los menores suelen descargar sobre sus progenitoras son sólo la punta de un maltrato que alcanza las más crueles y violentas agresiones físicas. De hecho, como asegura el juez de menores, ni los insultos, ni los robos, ni la preocupación porque sus hijos han dejado de asistir a clase o están consumiendo drogas, son motivo suficiente para que los padres reaccionen y acudan al juzgado. Por lo general, cuando lo hacen ya han sentido los golpes, los empujones y las patadas y realmente tienen miedo a que con la próxima paliza lleguen a cumplir sus amenazas de muerte.
“Me hizo pensar en el suicidio”
La actitud de superioridad que tienen los niños hacia sus padres, creyendo que éstos tienen la obligación de darles todo lo que ellos quieren como si de pequeños dictadores se tratara es otro de los rasgos que se dejan ver en las sentencias judiciales contra menores. Las frases del tipo “me da todo igual, esta es mi casa” y “no eres nadie para decirme lo que tengo que hacer” se repiten en todas ellas. De hecho, como destaca la psicóloga y educadora, Beatriz Perea, quien durante varios años ha ejercido en un grupo de convivencia a dónde los jueces envían a los menores maltratadores como medida judicial, asegura que para estos niños “no existen límites ni normas y están convencidos de que se lo merecen todo porque sí”.
Precisamente éste ha sido el comportamiento que María Ángeles L. ha soportado de su hijo durante los cinco últimos años. Apenas tenía 13 y cada vez que su madre se negaba a darle dinero o le prohibía salir, comenzaba el show. “Me gritaba, estrellaba contra la pared todo lo que tenía a mano y acabó robándome lo poco que tenía de oro para venderlo”, recuerda María Ángeles.
Lo peor llegó a los quince años, el día que empezaron los golpes. “Me pidió para unas zapatillas, me negué y sin decir nada me tiró el mando de la televisión a la cabeza y empezó a darme patadas mientras yo me encogía en el sofá”, asegura.
Tras eso, las agresiones se volvieron mucho más habituales y aunque María Ángeles nunca supo cuando perdió la ocasión de poner límites a su hijo, sí que recuerda que fueron varias las veces en las que la angustia incluso la llevó a pensar en quitarse la vida. “La amargura de ver que era mi propio hijo quien me pegaba me hizo pensar en el suicidio. No lo reconocía”, asegura.
El freno puede llegar a tiempo
Ni profesionales judiciales ni psicólogos son capaces aún de marcar con exactitud cuál es el momento o la actitud que convierte a un niño en el maltratador de sus padres. Sin embargo, sí tienen claro que, como afirma Luis Rabasa, existe un instante, “el de la primera salida de todo o falta de respeto, en el que los padres deben imponer su autoridad y marcar unos límites a su hijo”.
En este sentido, la psicóloga Beatriz Perea descarga a los padres del sentido de culpabilidad que suelen sentir al asegurar que el problema que tienen los niños de hoy en día que desarrollan conductas violentas viene marcado por la relajación en la formación en valores y principios de la que se está pecando tanto en el ámbito educativo como familiar. “Ahora esa permisividad y comprensión hacia los menores se vuelve en contra nuestra, y lo que es peor, en contra de ellos mismos”.
La solución, asegura Rabasa, debe empezar en la familia pero eso sí, “con el apoyo de las instituciones sociales y educativas desde el momento en que empiecen a aparecer comportamientos violentos. Y eso, junto con el rechazo de muchos padres a pedir ayuda, de momento, no está funcionando del todo bien”.
Libertad vigilada en grupos de convivencia es la medida usual
Por lo general, las sentencias referentes a violencia familiar de hijos a sus padres que se resuelven en el juzgado de menores de Córdoba son de conformidad. La medida más común que se le impone al niño es la libertad vigilada en convivencia con un grupo educativo durante un mínimo de nueve meses y un máximo de un año y medio. Aunque esta medida es de régimen abierto, se asemeja bastante al internamiento en un centro pues el niño tiene que acatar unas normas y estar alejado de su familia mientras que los educadores trabajan para que abandone su conducta violenta y pueda volver a casa. Sólo cuando la relación entre padres e hijo no está del todo deteriorada, el juez opta porque dicha intervención se haga en el propio domicilio y en algunas, añade Rabasa, aconseja una intervención también con las familias.
Las escasas sentencias en las que los menores maltratadores salen absueltos, como explica el juez, se debe a que los padres, cuando llegan al juzgado se derrumban, no declaran en contra de sus hijos y éstos niegan los hechos. Entonces, “nos dejan sin herramientas para intervenir”.
Fuente: 2000-2009 © Copyright El Semanario la Calle de CÓRDOBA
