CAPITALIDAD CULTURAL CULTURAS 17
La inversión en patrimonio representa el 8% de los beneficios que da el turismo cultural
En Andalucía no hay correspondencia positiva entre los recursos económicos que se destinan al legado histórico y el dinero que mueve el turismo cultural, que en Córdoba alcanzó los 62 millones de euros el pasado 2009. Se echa en falta más coordinación y más iniciativa privada
V. Muñoz
v.munoz@lacalledecordoba.com
El patrimonio es el recurso más importante de España y por ende de Andalucía, junto con el sol, sin embargo la inversión que se destina a él es todavía débil en comparación con los beneficios que éste genera.
Esa es tan sólo una de las múltiples conclusiones que se extraen en el estudio publicado el pasado mes de abril por la Fundación Caja Madrid que lleva por título Conservación del patrimonio histórico de España. Análisis económico.
En dicho documento los datos exponen que el porcentaje del gasto que destinan las diversas administraciones al patrimonio (Central, Autonómica y Local), en relación al gasto público total llega en concreto en Andalucía al 50%, (10% en relación al PIB), siendo ésta Comunidad superada curiosamente por Aragón, Castilla y León, junto a Navarra, que lideran y, según los datos de este estudio, el ranking de las regiones más comprometidas para con este apartado con inversiones que superan el 80 por ciento de su gasto público. Una cuestión nada baladí, en el caso concreto de esta región, si se tiene en cuenta el dinero que mueve precisamente el llamado turismo cultural en la Comunidad que es, en definitiva, la principal fuente de rentabilización económica de estos bienes.
Así, tomando los datos de la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía, que cifra el gasto medio de turista por día en 56 euros en toda Andalucía (excluyendo de esta variante el concepto de alojamiento) el volúmen económico que generó este tipo de turismo el último año llegó a 1.325 millones de euros (62 millones de euros en Córdoba) frente a los 111 millones que las administraciones andaluzas destinaron a este concepto, según el estudio. Lo que significa tan sólo el 8 por ciento del total.
Una inversión que algunos expertos apuntan que es claramente “escasa” para un sector que paradójicamente da de comer a una región que además en el caso de Córdoba es, sobre el que se sustenta una de las principales bazas para hacer de la ciudad Capital Europea de la Cultura en 2016.
Para José Clemente Martín, catedrático de Prehistoria y responsable del Aula de Patrimonio creada hace ya diez años en la Universidad, el problema del poco o modesto dinero que se destina a este menester hay que verlo en que “aquí cuando queremos hacer una oferta no se invierte en los tres pilares básicos para que el patrimonio sea verdaderamente un recurso económico de primera magnitud como es la investigación, la búsqueda de canales adecuados de difusión y la creación de una oferta”.
Clemente Martín manifiesta que no es que las administraciones inviertan mal en este concepto, sino que efectivamente “se invierte todavía poco”. Y pone de ejemplo que los actuales fondos estructurales europeos, a su juicio no se están siendo usados todo lo bien que se desearía en beneficio del legado histórico “a causa de una política cultural muy cegata” que hará, que “perdamos ese ansiado tren de hacer del patrimonio un sector económico sostenible de futuro”. “El patrimonio –continua– al margen de ser clave para las aspiraciones de Córdoba a convertirse en Ciudad Europea de la Cultura en 2016, es una herramienta estratégica que tiene una capacidad de creación de empleo enorme” y que está siendo a su juicio poco aprovechada.
Prueba de ello es que en opinión de varios expertos Córdoba no tiene oferta en este sentido, ya que como declara el responsable del aula de patrimonio en la UCO “esta sigue utilizando como recurso de atracción Medina Azahara , mientras hay otras fuentes patrimoniales interesantes, aunque a veces se focaliza en un sitio en detrimento de otro”, explica.
Ategua y la provincia, los grandes olvidados
En este apartado es conocida la situación en la que se encuentra desde hace años Ategua, quizás el ejemplo más patente de abandono de las administraciones para un yacimiento de enorme importacia en nuestra historia y que podría ser fuente de dinamización económica en la zona, tal y como tantas veces ha demandado el propio Clemente Martín. Pero junto a éste, la provincia tiene también varios lugares de importancia estratégica que siguen adelante a base de pequeñas inyecciones económicas. Ahí está Torreparedones, en Baena; la villa turística del Ruedo, en Almedinilla; Fuente Álamo, en Puente Genil que, entre otros, son “magníficos yacimientos arqueológicos con enorme interés que encuentran muy poco acompañamiento por parte de la Administración pública”.
Aunque esa no correspondencia satisfactoria entre lo que aporta el turismo cultural y los recursos y lo que se invierte en conservación de los mismos, el sector privado está teniendo, también, poco qué decir .
Precisamente una de las cuestiones que pone en solfa el estudio de la Fundación Caja Madrid es la escasa participación del dinero privado que hay en la preservación del patrimonio que llega al 9 por ciento, frente al 90 por ciento que asume las distintas administraciones, que generalmente reparten sus responsabilidades en la siguiente proporción: 40% la Administración central, 30% las comunidades autónomas y 29% las corporaciones locales.
Así, salvo la Iglesia, como registra el documento, y que ha estado en Andalucía muy vinculada en temas de restauración y conservación de su patrimonio, parece que la inversión privada brilla aún por su ausencia en un sector que vive, según muchos de los que están en él, una etapa de desarrollo sin igual.
Así desde luego lo piensa el responsable en la UCO del único master en gestión patrimonial que existe en la Universidad, Fernando Moreno Cuadro, quien explica que pese a que Andalucía es pionera en materia de restauración “hace falta pringarse aún más”.
En este sentido, Moreno Cuadro afirma que “hay que empezar a asumir responsabilidades y no seguir echándole la culpa a la Administración y escudarnos en que el patrimonio es de todos y la conservación en cambio sólo de la Administración”. Un ejemplo de esto es la última polémica generada en un entorno declarado Bien de Interés Cultural como la Plaza de Capuchinos que ante los serios desperfectos que muestra, tanto propietarios como administraciones no parecen por la labor de dar un paso adelante, rascarse los bolsillos y adecentar un lugar que es de los más visitados por los turistas.
El sector turístico no se moja
Victor Fernández, miembro del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Histórico-Artísticos (ICOMOS), que asesora a la UNESCO apunta a una dirección clara: al sector turístico, que “debiera tener una mayor responsabilidad” económica para con el patrimonio. “El turismo cultural –explica Fernández– tiene que tener una contrapartida que debe generar fondos y recursos para que el patrimonio mejore y desde ICOMOS se viene planteándose esta cuestión basada en cómo rentabilizar ese turismo mejor, porque muchas veces se deteriora el patrimonio y nadie asume que los agentes turísticos también debieran aportar a la preservación del patrimonio y a su restauración”.
La situación en la que han quedado muchos bienes en Andalucía por las recientes lluvias es un ejemplo de la falta de atención constante en la conservación del mismo, ya que a una parte importante de nuestro legado en la Comunidad, como reconoce Victor Fernández que se ocupa dentro de ICOMOS del patrimonio cordobés, “le están creciendo las plantas y las humedades están siendo también muy fuertes”.
Ejemplos como el desplome acaecido en marzo de la Torre de Constantina, (Sevilla) han puesto sobre la mesa la que la preservación y conservación del patrimonio debe ser aún mucho más incisiva de lo que en la actualidad es.
Falta coordinación entre administraciones
Sin embargo, la falta de coordinación entre administraciones también parece hacer daño para que la conservación, restauración y difusión lleve un ritmo aceptable y en definitiva, a su mejor rentabilización. En este sentido, la duplicidad a veces de funciones entre distintas administraciones están en la raíz de algunos problemas que hacen que acciones tan necesarias para este sector como la restauración y puesta en valor se dilaten. En este sentido el problema está, por ejemplo, como explican algunas de las voces consultadas, “cuando nos encontramos con bienes como los museos que son de titularidad estatal y gestión autonómica donde se terminan por dilatar los procesos, normalmente ante la falta de diálogo entre dos administraciones de distinto signo político”, comenta Fernando Moreno. Ejemplo de ello lo hemos tenido en Córdoba con el Museo Arqueológico, cuya rehabilitación ha sido demorada durante años. O el Museo de Bellas Artes al que tras años de retraso para adecuar una nueva sede el Estado dedica en su presupuestos para 2010 tan sólo 16.000 pírricos euros.
Más control al urbanismo ilegal
No obstante, el centro de todos los males se sitúa también el escaso control existente frente al urbanismo ilegal. En este se engloba, a juicio de Victor Fernández, el daño que está realizando al patrimonio la implantación de la energía eólica que, sin un control territorial y sin una ordenación del territorio adecuada, también hace un flaco favor a su conservación y futura puesta en valor.
Por otro lado, el hecho de que por ejemplo en Córdoba existan 532 bienes inmuebles protegidos, la mayor parte de ellos de Interés Cultural, con tipologías de monumentos, zonas arqueológicas, conjuntos históricos, Sitios Históricos y en menor número bienes de catalogación general y que por tanto se les presuponga una adecuada conservación también hay que ponerlo en cuarentena. “Los hay que están en ruinas y abandonados, aunque hay que decir que esa no es tampoco la tónica general”, explica Victor Fernández quien no obstante asegura que en Andalucía la conservación de éstos si tuviéramos que ponerle nota sería, en una escala del uno al diez, “un siete”.
PUNTO DE ATENCIÓN
Hacia una gestión más territorial
Hay quien sostiene que, como Victor Fernández, desde la Junta sigue sin haber, sobre todo en Cultura, una “homogeneidad clara de planteamientos” para con el patrimonio. Fernández asegura que “en los planes generales de bienes culturales hubo una época en la que se avanzó mucho, pero ahora no sabemos muy bien hacia dónde vamos”. En este sentido manifiesta que para rentabilizar aún mejor todo el legado de Andalucía “habría que plantear en este campo una política de patrimonio mucho más territorial, al igual que hacen otras consejerías como Salud o Educación, que no trabajan sin mapas sanitarios, ni educativos.
Fernández sostiene que así podríamos ponderar los problemas que hay en los Pedroches, la Axerquía y “tener, de esta forma, una visión más completa del territorio que nos permitiera saber si las inversiones que se hacen en Cultura son las adecuadas y están bien repartidas, porque ahora no lo conocemos muy bien”.
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La inversión en patrimonio representa el 8% de los beneficios que da el turismo cultural
En Andalucía no hay correspondencia positiva entre los recursos económicos que se destinan al legado histórico y el dinero que mueve el turismo cultural, que en Córdoba alcanzó los 62 millones de euros el pasado 2009. Se echa en falta más coordinación y más iniciativa privada
V. Muñoz
v.munoz@lacalledecordoba.com
El patrimonio es el recurso más importante de España y por ende de Andalucía, junto con el sol, sin embargo la inversión que se destina a él es todavía débil en comparación con los beneficios que éste genera.
Esa es tan sólo una de las múltiples conclusiones que se extraen en el estudio publicado el pasado mes de abril por la Fundación Caja Madrid que lleva por título Conservación del patrimonio histórico de España. Análisis económico.
En dicho documento los datos exponen que el porcentaje del gasto que destinan las diversas administraciones al patrimonio (Central, Autonómica y Local), en relación al gasto público total llega en concreto en Andalucía al 50%, (10% en relación al PIB), siendo ésta Comunidad superada curiosamente por Aragón, Castilla y León, junto a Navarra, que lideran y, según los datos de este estudio, el ranking de las regiones más comprometidas para con este apartado con inversiones que superan el 80 por ciento de su gasto público. Una cuestión nada baladí, en el caso concreto de esta región, si se tiene en cuenta el dinero que mueve precisamente el llamado turismo cultural en la Comunidad que es, en definitiva, la principal fuente de rentabilización económica de estos bienes.
Así, tomando los datos de la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía, que cifra el gasto medio de turista por día en 56 euros en toda Andalucía (excluyendo de esta variante el concepto de alojamiento) el volúmen económico que generó este tipo de turismo el último año llegó a 1.325 millones de euros (62 millones de euros en Córdoba) frente a los 111 millones que las administraciones andaluzas destinaron a este concepto, según el estudio. Lo que significa tan sólo el 8 por ciento del total.
Una inversión que algunos expertos apuntan que es claramente “escasa” para un sector que paradójicamente da de comer a una región que además en el caso de Córdoba es, sobre el que se sustenta una de las principales bazas para hacer de la ciudad Capital Europea de la Cultura en 2016.
Para José Clemente Martín, catedrático de Prehistoria y responsable del Aula de Patrimonio creada hace ya diez años en la Universidad, el problema del poco o modesto dinero que se destina a este menester hay que verlo en que “aquí cuando queremos hacer una oferta no se invierte en los tres pilares básicos para que el patrimonio sea verdaderamente un recurso económico de primera magnitud como es la investigación, la búsqueda de canales adecuados de difusión y la creación de una oferta”.
Clemente Martín manifiesta que no es que las administraciones inviertan mal en este concepto, sino que efectivamente “se invierte todavía poco”. Y pone de ejemplo que los actuales fondos estructurales europeos, a su juicio no se están siendo usados todo lo bien que se desearía en beneficio del legado histórico “a causa de una política cultural muy cegata” que hará, que “perdamos ese ansiado tren de hacer del patrimonio un sector económico sostenible de futuro”. “El patrimonio –continua– al margen de ser clave para las aspiraciones de Córdoba a convertirse en Ciudad Europea de la Cultura en 2016, es una herramienta estratégica que tiene una capacidad de creación de empleo enorme” y que está siendo a su juicio poco aprovechada.
Prueba de ello es que en opinión de varios expertos Córdoba no tiene oferta en este sentido, ya que como declara el responsable del aula de patrimonio en la UCO “esta sigue utilizando como recurso de atracción Medina Azahara , mientras hay otras fuentes patrimoniales interesantes, aunque a veces se focaliza en un sitio en detrimento de otro”, explica.
Ategua y la provincia, los grandes olvidados
En este apartado es conocida la situación en la que se encuentra desde hace años Ategua, quizás el ejemplo más patente de abandono de las administraciones para un yacimiento de enorme importacia en nuestra historia y que podría ser fuente de dinamización económica en la zona, tal y como tantas veces ha demandado el propio Clemente Martín. Pero junto a éste, la provincia tiene también varios lugares de importancia estratégica que siguen adelante a base de pequeñas inyecciones económicas. Ahí está Torreparedones, en Baena; la villa turística del Ruedo, en Almedinilla; Fuente Álamo, en Puente Genil que, entre otros, son “magníficos yacimientos arqueológicos con enorme interés que encuentran muy poco acompañamiento por parte de la Administración pública”.
Aunque esa no correspondencia satisfactoria entre lo que aporta el turismo cultural y los recursos y lo que se invierte en conservación de los mismos, el sector privado está teniendo, también, poco qué decir .
Precisamente una de las cuestiones que pone en solfa el estudio de la Fundación Caja Madrid es la escasa participación del dinero privado que hay en la preservación del patrimonio que llega al 9 por ciento, frente al 90 por ciento que asume las distintas administraciones, que generalmente reparten sus responsabilidades en la siguiente proporción: 40% la Administración central, 30% las comunidades autónomas y 29% las corporaciones locales.
Así, salvo la Iglesia, como registra el documento, y que ha estado en Andalucía muy vinculada en temas de restauración y conservación de su patrimonio, parece que la inversión privada brilla aún por su ausencia en un sector que vive, según muchos de los que están en él, una etapa de desarrollo sin igual.
Así desde luego lo piensa el responsable en la UCO del único master en gestión patrimonial que existe en la Universidad, Fernando Moreno Cuadro, quien explica que pese a que Andalucía es pionera en materia de restauración “hace falta pringarse aún más”.
En este sentido, Moreno Cuadro afirma que “hay que empezar a asumir responsabilidades y no seguir echándole la culpa a la Administración y escudarnos en que el patrimonio es de todos y la conservación en cambio sólo de la Administración”. Un ejemplo de esto es la última polémica generada en un entorno declarado Bien de Interés Cultural como la Plaza de Capuchinos que ante los serios desperfectos que muestra, tanto propietarios como administraciones no parecen por la labor de dar un paso adelante, rascarse los bolsillos y adecentar un lugar que es de los más visitados por los turistas.
El sector turístico no se moja
Victor Fernández, miembro del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Histórico-Artísticos (ICOMOS), que asesora a la UNESCO apunta a una dirección clara: al sector turístico, que “debiera tener una mayor responsabilidad” económica para con el patrimonio. “El turismo cultural –explica Fernández– tiene que tener una contrapartida que debe generar fondos y recursos para que el patrimonio mejore y desde ICOMOS se viene planteándose esta cuestión basada en cómo rentabilizar ese turismo mejor, porque muchas veces se deteriora el patrimonio y nadie asume que los agentes turísticos también debieran aportar a la preservación del patrimonio y a su restauración”.
La situación en la que han quedado muchos bienes en Andalucía por las recientes lluvias es un ejemplo de la falta de atención constante en la conservación del mismo, ya que a una parte importante de nuestro legado en la Comunidad, como reconoce Victor Fernández que se ocupa dentro de ICOMOS del patrimonio cordobés, “le están creciendo las plantas y las humedades están siendo también muy fuertes”.
Ejemplos como el desplome acaecido en marzo de la Torre de Constantina, (Sevilla) han puesto sobre la mesa la que la preservación y conservación del patrimonio debe ser aún mucho más incisiva de lo que en la actualidad es.
Falta coordinación entre administraciones
Sin embargo, la falta de coordinación entre administraciones también parece hacer daño para que la conservación, restauración y difusión lleve un ritmo aceptable y en definitiva, a su mejor rentabilización. En este sentido, la duplicidad a veces de funciones entre distintas administraciones están en la raíz de algunos problemas que hacen que acciones tan necesarias para este sector como la restauración y puesta en valor se dilaten. En este sentido el problema está, por ejemplo, como explican algunas de las voces consultadas, “cuando nos encontramos con bienes como los museos que son de titularidad estatal y gestión autonómica donde se terminan por dilatar los procesos, normalmente ante la falta de diálogo entre dos administraciones de distinto signo político”, comenta Fernando Moreno. Ejemplo de ello lo hemos tenido en Córdoba con el Museo Arqueológico, cuya rehabilitación ha sido demorada durante años. O el Museo de Bellas Artes al que tras años de retraso para adecuar una nueva sede el Estado dedica en su presupuestos para 2010 tan sólo 16.000 pírricos euros.
Más control al urbanismo ilegal
No obstante, el centro de todos los males se sitúa también el escaso control existente frente al urbanismo ilegal. En este se engloba, a juicio de Victor Fernández, el daño que está realizando al patrimonio la implantación de la energía eólica que, sin un control territorial y sin una ordenación del territorio adecuada, también hace un flaco favor a su conservación y futura puesta en valor.
Por otro lado, el hecho de que por ejemplo en Córdoba existan 532 bienes inmuebles protegidos, la mayor parte de ellos de Interés Cultural, con tipologías de monumentos, zonas arqueológicas, conjuntos históricos, Sitios Históricos y en menor número bienes de catalogación general y que por tanto se les presuponga una adecuada conservación también hay que ponerlo en cuarentena. “Los hay que están en ruinas y abandonados, aunque hay que decir que esa no es tampoco la tónica general”, explica Victor Fernández quien no obstante asegura que en Andalucía la conservación de éstos si tuviéramos que ponerle nota sería, en una escala del uno al diez, “un siete”.
PUNTO DE ATENCIÓN
Hacia una gestión más territorial
Hay quien sostiene que, como Victor Fernández, desde la Junta sigue sin haber, sobre todo en Cultura, una “homogeneidad clara de planteamientos” para con el patrimonio. Fernández asegura que “en los planes generales de bienes culturales hubo una época en la que se avanzó mucho, pero ahora no sabemos muy bien hacia dónde vamos”. En este sentido manifiesta que para rentabilizar aún mejor todo el legado de Andalucía “habría que plantear en este campo una política de patrimonio mucho más territorial, al igual que hacen otras consejerías como Salud o Educación, que no trabajan sin mapas sanitarios, ni educativos.
Fernández sostiene que así podríamos ponderar los problemas que hay en los Pedroches, la Axerquía y “tener, de esta forma, una visión más completa del territorio que nos permitiera saber si las inversiones que se hacen en Cultura son las adecuadas y están bien repartidas, porque ahora no lo conocemos muy bien”.
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